El Congreso rechazó las objeciones de De la Espriella a la ley que protege los requisitos para cargos públicos

Con 130 votos en la Cámara y 78 en el Senado, el Congreso negó las objeciones que el Gobierno de Abelardo de la Espriella había presentado a la ley que impide reducir los requisitos para cargos públicos del nivel directivo. Ahora la Corte Constitucional decidirá si la norma se ajusta a la Constitución.

Requisitos para cargos públicos: votación del Congreso contra las objeciones
Gráfico: NCN con información de La Silla Vacía.

Los requisitos para cargos públicos de dirección quedaron en el centro del primer choque formal entre Gobierno y Congreso. Las dos cámaras negaron las objeciones del presidente Abelardo de la Espriella. La ley objetada busca impedir que esos requisitos se reduzcan. Por eso, la norma pasa ahora a la Corte Constitucional.

Cómo se votó

En la Cámara, 130 representantes votaron contra las objeciones. En el Senado lo hicieron 78 senadores. Según La Silla Vacía, solo cuatro senadores respaldaron al Gobierno. Los cuatro son del Pacto Histórico: Laura Ahumada, Pedro Flórez, Ferney Silva y Yany Isabel Contreras.

Qué dice la ley

El proyecto es del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que lo presentó cuando era representante a la Cámara. Su propósito es evitar que las entidades rebajen los requisitos para cargos públicos de dirección. Además, obliga a pedir un concepto previo al Consejo de Estado antes de modificar esos perfiles. Ese concepto lo emite su Sala de Consulta y Servicio Civil.

La norma también prevé sanciones disciplinarias para los funcionarios que reduzcan los requisitos establecidos para un cargo.

Por qué la objetó el Gobierno

El 21 de agosto, la Presidencia devolvió la ley por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. En su criterio, ese concepto previo le daría al Consejo de Estado un papel que excede su función consultiva. Asimismo, advirtió que la norma limitaría la capacidad del Ejecutivo para ajustar los perfiles de cada entidad.

El Gobierno cuestionó también que una decisión administrativa pudiera convertirse en una falta disciplinaria gravísima. Por último, sostuvo que la ley era innecesaria, porque ya existen normas similares, y pidió archivarla.

Lo que sigue

¿Qué pasa ahora? Cuando el Congreso insiste frente a una objeción de este tipo, el proyecto va a la Corte Constitucional. Así lo ordena el artículo 167 de la Constitución. La Corte debe decidir si la ley es exequible. Mientras tanto, tanto el Gobierno como el Centro Democrático se atribuyen la victoria en este pulso político.

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